Meeting Point: About Media and Democracy in Guatemala

By: Ligia María

Original version, Spanish translation below

Traducción al Español, abajo

By MARIELOS MONZÓN

February 15, 2012

In the process of building democracy there are certain fundamental factors which cannot be eschewed.  One of these factors has to do with a real possibility of citizens to experience a diverse media that permits distinct perspectives and the plurality of information and analysis. Control of the media’s agenda, in which there’s only one form of viewing and approaching the world, contradicts essential rights such as, communication and freedom of expression.

The democratization of mass media guarantees equal opportunity in the right to its use and access, including those radio frequencies in which the State has permitted usufruct from private citizens. Since the General Telecommunication Law’s enactment in 1996 the only way to gain access to a radio or television frequency is the auction, contradicting the State’s obligation of guaranteeing equal access to frequencies and creating a barrier on those sectors of the population that don’t count with the financial resources to compete in against corporations in the bidding process.

In 1995 the Accords on Indigenous Peoples Rights and Identity was signed. In the section which refers to Cultural Rights a compromise is established to promote before Congress the reforms necessary to “facilitate radio frequencies for Indigenous projects and to assure the observance of the non-discrimination principle in the usage of media”, as well the repeal of all legal order which enables the “obstruction of Indigenous Peoples rights to dispose of media for the development of their identity”

The Telecommunications law, approved a year after the accord was signed, contradicts the latter’s content thus practically invalidating the agreement.  For that reason, the National Community Media Movement of Guatemala, bringing together around 80 community radio stations, and the Mayan Organization Council of Guatemala (COMG) presented an appeal for partial unconstitutionality against the Telecommunications law, looking to guarantee equality in the access of radio frequencies.

In 2007, Mexico approved similar telecommunications legislation. However, the Mexican Supreme Court of Justice struck down among other articles the one related with the public auction, reasoning that within this law “money is the only criteria to grant a concession to usufruct, violating the Carta Magna by assuring access to the mass media to those social groups which have more power and fostering the concentration of power on a public good such as the radio spectrum.”

Going back to Guatemala, on December 27^th the deadline expired for the CC (Corte de Constitucionalidad) to decide on the appeal for unconstitutionality. We hope that its directive reinstates the State’s fundamental obligation to guarantee equality in the opportunities to access the media,  an essential pillar in a democratic regime.

Source: http://www.culturalsurvival.org/news/meeting-point-about-media-and-democracy-guatemala

Spanish version. Versión traducida al Español

De medios y democracia

Por Marielos Monzón

En la construcción de la democracia existen factores fundamentales que no pueden obviarse. Uno de ellos tiene que ver con la pluralidad de la información y el análisis, y con la posibilidad real de la ciudadanía de contar con medios diversos, que permitan variedad de enfoques y abordajes desde distintas perspectivas. La hegemonía en la agenda mediática -en la que casi por unanimidad hay una única forma de ver y entender el mundo- contradice derechos fundamentales como los de comunicación y libertad de expresión.

La democratización de los medios de comunicación pasa necesariamente por garantizar la igualdad en el acceso, lo que incluye a las frecuencias radioeléctricas que el Estado entrega en calidad de usufructo a particulares. A partir del año 1996, con la promulgación de la Ley General de Telecomunicaciones, la única vía efectiva para acceder a una frecuencia de radio y televisión es la subasta económica, lo que contradice la obligación del Estado de garantizar la igualdad en el acceso a las frecuencias y supone una barrera infranqueable para amplios sectores de la población que no cuentan con recursos financieros para competir con las grandes corporaciones.

En 1995 se firmó el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. En el apartado referido a los derechos culturales se establece el compromiso de promover ante el Congreso las reformas que sean necesarias para “facilitar frecuencias para proyectos indígenas y asegurar la observancia del principio de no discriminación en el uso de los medios de comunicación”, así como la derogación del ordenamiento jurídico de toda disposición que “obstaculice el derecho de los pueblos indígenas a disponer de medios de comunicación para el desarrollo de su identidad”.

La ley de telecomunicaciones, aprobada un año después de la firma de este Acuerdo, contradice su contenido y prácticamente lo invalida. Por esta razón, el Movimiento Nacional de Medios de Comunicación Comunitaria de Guatemala —que aglutina a unas 80 radioemisoras comunitarias— y el Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala (COMG) presentaron una inconstitucionalidad parcial contra la ley de Telecomunicaciones que busca garantizar la igualdad en el acceso a las frecuencias.

En 2007, en México, se aprobó una legislación similar a la guatemalteca en materia de telecomunicaciones. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia mexicana invalidó entre otros artículos el relacionado con el tema de la subasta pública en razón de que, según esta ley, “el dinero es el único criterio para otorgar una concesión, lo que violenta la Carta Magna, ya que se asegura el acceso a los medios solo a los grupos más poderosos, y se fomenta la concentración en pocas manos de un bien público como lo es el espectro radioeléctrico”.

Volviendo a Guatemala, el 27 de diciembre pasado venció el plazo para que la CC se pronuncie respecto de la inconstitucionalidad planteada. Esperamos que su resolución restituya la obligación fundamental del Estado de garantizar la igualdad de oportunidades para el acceso a los medios, pilar fundamental de un régimen democrático.

Fuente: http://www.prensalibre.com/opinion/medios-democracia_0_646135405.html